PREGUNTA: He sabido que el gobierno canadiense ha restaurado los servicios de salud a los solicitantes de refugio, ¿Cuáles servicios son los que serán cubiertos?
RESPUESTA: La provincia de Ontario decidió presentarle al Gobierno Federal la factura correspondiente a la cobertura de salud de los refugiados que se encuentran en la Provincia.
A mediados del 2012 el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía canceló el cubrimiento de salud para los solicitantes de refugio en Canadá argumentando dos cosas: primero, que no es justo que un solicitante de refugio reciba mejor y mayor cubrimiento de salud que un ciudadano canadiense y segundo, el costo exagerado que debemos pagar los residentes y ciudadanos canadienses dentro de nuestros impuestos por esta razón.
La realidad, la cobertura de salud para los solicitantes de refugio es igual a la que reciben las personas de bajos recursos en Canadá, es decir, aquellas personas que se encuentran recibiendo asistencia social. La cobertura de salud para los solicitantes de refugio se daba hasta el momento en que ellos permanecieran bajo el programa de asistencia social y no más allá de límite establecido por la provincia para las personas menos favorecidas.
Desde el momento en que el Ministerio de Inmigración hizo pública la intensión de cancelar el programa de salud para personas que se encuentran en proceso de refugio, los profesionales del área de la salud in Canadá (médicos, enfermeras, psicólogos etc.) lanzaron una campaña que ha permanecido durante el año y medio de suspensión del programa, pidiéndole al gobierno canadiense que reintegre el programa debido al impacto que tiene la falta de asistencia médica sobre la salud de los solicitantes de refugio, sobre todo si lo comparamos con el costo que cada uno de los ciudadanos y residentes canadienses debemos pagar por estos servicios. $0.59 anualmente. ¡Exactamente! 59 centavos por año por garantizar tratamiento médico y psicológico a personas que llegan a Canadá siendo víctimas de tortura, malnutrición, tráfico humano y violación en muchos de los casos.
Los niños y las mujeres en embarazo son quienes han sufrido más fuertemente el impacto de la cancelación del programa. El cuidado prenatal y el parto no están cubiertos dentro de las pocas excepciones que dejó el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía para cobertura de salud. Así que una mujer en embarazo, recién llegada al país, muy probablemente con un nivel de inglés insuficiente para obtener un trabajo que le permita tener altos ingresos y sin conexiones que le permitan moverse fácilmente a nivel profesional, debe preparase no solo para la maternidad sino para una factura de alrededor de $10,000 por el parto y esperar que no haya complicaciones de ninguna índole que pueda duplicar la cifra.
El gobierno de Ontario, teniendo en cuenta el impacto que tiene el que las mujeres prefieran correr el riesgo de tener los hijos en sus casas sin ningún tipo de asistencia, ha decidido correr con el costo de asistencia para ellas por parte de parteras. Esta factura, y las de todos los costos en que incurran los hospitales por concepto de emergencias de los solicitantes de refugio, le serán presentadas al gobierno federal.
El gobierno canadiense, inclusive en el comunicado de noviembre del 2013 al respecto de la cobertura de salud de los solicitantes de refugio, ha creado tal confusión que los médicos y hospitales alrededor del país prefieren simplemente rechazar asistencia a quienes están en proceso de refugio y todos aquellos que, para ellos, parecen caer bajo la misma categoría (niñeras, estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros e indocumentados) que tratar de navegar el sistema y determinar quiénes, cuando y bajo qué circunstancias están cubiertos por el gobierno Federal.
Quebec, Manitoba y Ontario, con el cubrimiento de parto asistido por parteras, han tomado la iniciativa de ofrecer servicios de salud a quienes les fueron despojados hace un año y medio. Sin embargo, aún no está claro cuáles servicios serán reinstaurados, lo importante es que quienes se encuentran en proceso de solicitud de refugio no corran riesgos innecesarios para sus vidas, y no pongan en peligro las de los ciudadanos y residentes canadienses que podrían verse afectados en caso de una epidemia o, por qué no, terminar siendo víctimas de violencia por parte de una persona que hubiera podido ser tratada psicológicamente desde un comienzo y que no lo fue por ahorrarnos 59 centavos anuales a cada uno de nosotros.
El riesgo para ellos y para nosotros definitivamente es mucho más que lo que puede comprarse con menos de 1 dólar al año. La tradición humanitaria de Canadá y el orgullo de los canadienses de serlo definitivamente vale más de 59 centavos anuales. La restauración del cubrimiento de salud para los solicitantes de refugio no debería ser una estrategia política o una campaña de mercadeo, es y debe seguir siendo una responsabilidad humanitaria que Canadá respetó y de la que enorgulleció de hacerlo desde que firmó la Convención de Ginebra en 1951, donde se comprometió con el mundo entero a darle protección a los desplazados que se presentaran en nuestro país pidiendo protección.
