Hasta hace algunos años cuando hablábamos de refugiados en Canadá asociábamos la idea con el orgullo de ser un país con tradición humanitaria, un país que protegía al que sufre persecución. Los canadienses nos sentíamos orgullosos de hacer parte de un país que salvaba vidas, nos sentíamos orgullosos de ofrecerles un nuevo comienzo y de garantizarles seguridad en todos los sentidos, incluyendo la posibilidad de ser financieramente independientes y de contar con cobertura de salud.
Sin embargo, desde hace unos pocos años estamos visto como los cambios a ley y las razones que se dan para hacerlos, nos han llevado a ver los refugiados como una carga para el país, como personas que vienen a abusar de nuestra generosidad.
Con el fin de desincentivar aplicaciones de refugio, la ley les quitó a los refugiados la cobertura de salud desde el 2012 y posteriormente a muchos de ellos también les quitó el derecho a ser financieramente independientes al negarles la opción de solicitar permiso de trabajo. La restricción de solicitud de permiso de trabajo es efectiva para los nacionales de países designados, entre los que se encuentran México y Chile.
Ahora tenemos una propuesta de ley presentada de forma privada que le da a las provincias la potestad de hacer algunos cambios en la ley de asistencia social que dejaría a los refugiados sin la posibilidad de solicitar esta ayuda (welfare).
Normalmente las razones dadas para hacer estos cambios a la ley corresponden a razones económicas. Normalmente los comunicados de prensa nos hablan de los miles de dólares que nos costarán a nosotros, los “taxpayers”, los servicios o beneficios que obtendrán quienes no los merecen.
A pesar de que algunos de los objetivos del Acta de inmigración y Refugio con respecto a los refugiados son el de darle soporte a la auto-suficiencia y al bienestar social y económico de los refugiados y el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los seres humanos, los cambios a las leyes están dejando a los refugiados sin medios para sobrevivir en Canadá, ya sea a través de su propio trabajo o a través de asistencia social. ¿Cómo van a pagar los solicitantes de refugio provenientes de pases designados por sus necesidades básicas como comida, techo y vestido? ¿No son éstos derechos fundamentales del ser humano? ¿Lo que está ocurriendo en este momento con los refugiados no contradice los objetivos de nuestra ley y nuestra tradición humanitaria?
Como canadienses y residentes de este país, que nos sentimos orgullosos de nuestro pasaporte o esperamos con ansias el día que podamos tenerlo, tenemos dos opciones, o abrimos la puerta de nuestras casas a quienes llegan en las condiciones en las que llegarán los refugiados en caso de que los cambios a esta ley sean aprobados, o le hacemos saber al Parlamento que no estamos de acuerdo con estos cambios. Es tan fácil como enviar un e-mail al Miembro del Parlamento de nuestra zona o a las organizaciones que lideran campañas en contra de estos cambios. Nuestras voces se oyen y los cambios se dan, o se revierten en la medida en que los pidamos. Un claro ejemplo es el que están marcando los profesionales de salud.
En el 2012 cuando los cambios a la ley le quitaron a los refugiados el cubrimiento de salud – poniendo en riesgo la vida de mujeres en embarazo, niños, ancianos y personas con enfermedades como diabetes que necesitan medicina permanentemente – el argumento fue, como siempre, el costo. Muchos médicos, enfermeras y profesionales de la salud se unieron en una campana llamada “59 cents campaign” – porque según esta campaña, 59 centavos es lo que nos cuesta al año a cada uno de nosotros, residentes y ciudadanos, la salud de los refugiados-. Los profesionales del área de salud se unieron y en flagrante oposición al gobierno decidieron prestar sus servicios primero y pelear la cuenta luego. Estos profesionales pusieron por encima la vida de los refugiados y se olvidaron del dinero, haciendo honor a la naturaleza humanitaria de sus profesiones. Tanta fue su presión que algunos gobiernos provinciales resolvieron tomar en sus manos las cuentas de salud de los refugiados y enfrentarse al gobierno federal, a tal punto que hoy en día Ontario, Quebec y Manitoba ofrecen ciertos servicios médicos sin costo para refugiados. Tanta y tan fuerte ha sido la presión ejercida por los profesionales de la salud que la Corte Federal, en un fallo que ahora el gobierno está apelando, determinó que no prestarle servicios de salud a los refugiados es considerado trato cruel e inhumano y por tanto contrario a los objetivos de nuestra Acta de Inmigración y nuestros valores como seres humanos.
A pesar de que la apelación presentada por el gobierno impide que se restituya el servicio de salud a los refugiados inmediatamente, lo más importante del resultado obtenido por los profesionales de la salud es el tener la certeza de que la unión hace la fuerza. Que aunque cueste trabajo podemos lograrlo. Ojala pudiéramos evitar desde el principio que los cambios se hicieran para no tener que recurrir a medidas correctivas, como lo es la Corte Federal, que tardan años.
En este momento tenemos dos opciones, o abrimos la puerta de nuestra propia casa para alojar los solicitantes de refugio que no tendrán acceso a asistencia social ni permiso de trabajo cuando pase esta propuesta de ley, o apoyamos las instituciones que pelean por reinstaurarles al menos una de las dos opciones. Porque de lo contrario resignarnos a ver familias enteras durmiendo en la calle o buscando comida en las basuras podría terminar siendo la tercera opción.
